Si bien en ningún momento fueron socios o mentores asumidos de la protesta contra la instalación de la pastera Finlandesa Botnia en la localidad uruguaya de Fray Bentos, el gobierno argentino, primero en manos de Néstor Kirchner y ahora en las de su esposa Cristina Fernández, poco hizo, por no decir nada, para desarticular el corte que desde hace tres años y medio llevan a cabo asambleístas y ambientalistas de Gualeguaychú en la frontera, punto de unión de las naciones Argentina y Uruguay y que claro, resulta ser una enorme complicación a la hora de la comunicación fluida que históricamente siempre han mantenido ambas naciones vecinas.

Sin embargo, varias cuestiones más a la de los astros se alinearon, entre ellas, el acercamiento con el nuevo gobierno uruguayo encabezado por el Tupamaro José Mujica y el decisivo voto de este último para que Néstor Kirchner se convirtiese en el flamante presidente del organismo latinoamericano UNASUR y el gobierno argentino se decidió a decir BASTA al corte que tanto recelo y rencor ha generado entre argentinos y uruguayos.

De acuerdo a los últimos trascendidos, es prácticamente un hecho que la presidenta Cristina Fernández, en las próximas horas, firmará el decreto que pide que el gobierno argentino sea aceptado como querellante en la causa ya iniciada contra el corte de la ruta 136 y denunciará penal y civilmente a los asambleístas por 18 delitos.

La firma de este decreto de alguna manera es la vía libre que la justicia espera ansiosamente para poder avanzar en el proceso que finalmente despeje el Puente General San Martín.

La justificación del gobierno argentino ante el evidente cambio de rumbo respecto del corte se ampara en la creencia que ya no existen razones de peso para continuar con un corte contra un país hermano. Luego del dictamen de la Haya, el gobierno argentino entendió que ese fallo marcaba el final de la disputa, en cambio, los asambleístas no lo entendien así y por ello es que ahora se abre otro nuevo frente pero entre los propios argentinos: gobierno versus asambleístas.
El contraataque de los asambleístas también pasaría por la justicia, denunciando a los funcionarios de este y el anterior gobierno de ser participes necesarios de esos mismos delitos que ahora les quieren imputar por haberlos apoyado y financiado en su momento.

El Uruguay, por su lado, permanece tranquilo y expectante para no complicar aún más el proceso judicial, de todas maneras, todo hace suponer que un nuevo escenario de lucha se abre, pero ahora puertas adentro.

Foto: AFP