Si bien el nuevo sistema de control implementado por la Asamblea de Gualeguaychú atenta contra el derecho de libre tránsito y encima los ubica en un rol que no les corresponde, el de convertirse en una especie de dueños de la zona en conflicto, que deciden quien debe cruzar el paso que comunica con Uruguay o no, el gobierno argentino y a pesar del nuevo enojo del gobierno uruguayo, no piensa intervenir para evitarse un nuevo enfrentamiento con los manifestantes.

Esta semana les comenté que los asambleístas entregan unas credenciales que llevan la firma de la asamblea de Gualeguaychú, llamadas tarjetas vecinales a quienes deben cruzar el puente diariamente, que mantienen cortado desde hace más de un año, porque trabajan del lado uruguayo y que la medida también alcanzaba a las hinchadas de fútbol.

Pero obviamente este nuevo curioso control no fue legitimizado por el gobierno argentino ni mucho menos y pasa por arriba incluso a la gendarmería nacional Argentina encargada de esa función específica.

Aún sabiendo este avasallamiento de derechos, el gobierno que encabeza Cristina Kirchner, se mantiene en silencio y no piensa por el momento castigar el accionar de los asambleístas, que ya han demostrado la firmeza de su lucha contra Botnia.
Es más, la semana próxima, su agenda guarda un lugar para un encuentro que mantendrán en casa de gobierno.

Foto: Clarín